Las empresas con personas trabajadoras (excepto autónomos), deben cumplir con el control del registro obligatorio de la jornada laboral, tal como establece el Real Decreto Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

En caso de no cumplir con la normativa, las sanciones pueden oscilar entre 1.000€ y 10.000€ por cada incumplimiento/persona trabajadora.

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